Unas 10 mil personas permanecen en una lista de californianos que legalmente compraron armas de fuego, pero fueron descalificadas más tarde para mantenerlas bajo su poder, reveló un reporte estatal.
El informe llama a la preocupación de autoridades luego del reciente tiroteo en una escuela de Florida.
En 2016 los votantes de California aprobaron la proposición 63 que obliga a verificar antecedentes en la compra de municiones y prohíbe la posesión de cargadores de gran capacidad.
California se convirtió en 2006 en el primer estado de la nación en crear una base de datos que hace referencia a compradores de armas contra una lista de personas condenadas por delitos graves.
Estos delitos incluyen a los que están sujetos a juicios de salud mental u órdenes de restricción de violencia doméstica que les prohíben poseer armas de fuego.
El Sistema Estatal de Armas y Personas Prohibidas identifica a aquellos que legalmente compraron armas de fuego, pero luego fueron declarados culpables de un delito grave, o descalificados para portar armas de fuego.
Sin embargo, el listado creció en sus primeros años, más rápido que el Departamento de Justicia, que no tenía suficiente personal, ni podía confiscar armas en registros puerta a puerta.
Mientras el Departamento de Justicia reducía la lista en dos mil personas anualmente mediante arrestos o confiscación de armas, cada año se agregaban a la lista tres mil personas, detalló el reporte estatal.
Para 2012, la cantidad de personas en la lista llegó a casi 20 mil, que tenían 39 mil armas de fuego.
Luego de los atentados en la primaria Sandy Hook de Connecticut, los legisladores californianos indignados por el tiroteo introdujeron un paquete de medidas para endurecer las ya estrictas leyes estatales de control de armas.
La cantidad de criminales con armas de fuego alarmó a los legisladores, incluido el entonces senador Mark Leno (D-San Francisco), quien presentó un proyecto de ley que asignó 24 millones de dólares en tres años para contratar a más agentes del Departamento de Justicia y reducir el retraso acumulado.
La lista se redujo de 20 mil 721 personas a mediados de 2013 a 10 mil 634 en 2016, cuando finalizó el programa de subsidios y se enviaron alrededor de 6 millones de dólares al fondo que paga los cheques de antecedentes de los compradores de armas en el punto de venta.
En 2016, los agentes adicionales ayudaron al Departamento de Justicia y a las fuerzas del orden locales a realizar 511 detenciones y confiscar tres mil 954 armas de fuego, incluidos 187 rifles de asalto y cuatro ametralladoras, además de 947 653 cartuchos de municiones.
La exactitud de la base de datos es motivo de preocupación para Craig DeLuz, portavoz de la coalición de políticas de armas de fuego, un grupo que defiende a los propietarios de armas.
Cuando se levanta una orden de restricción temporal, el dueño de un arma recupera el derecho a tener armas, dijo, al agregar que el cambio no siempre se registra de manera oportuna.
El problema de retraso acumulado ha empeorado por un cambio de ley en 2014 que agregó a los propietarios de armas largas a la lista del Sistema de personas armadas y prohibidas, que anteriormente sólo estaba compuesta por propietarios de armas de fuego.
Fuente y foto: Notimex / JAA
