Un comité legislativo que investiga las muertes de siete rebeldes en una operación militar la semana pasada denunció hoy que el expolicía venezolano Óscar Pérez y sus compañeros fueron “masacrados” y luego fueron sepultados sin presencia de sus familiares.
La jefa de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (Congreso), Delsa Solórzano, dijo que el grupo dio la pelea para que se cumpliera la ley y los rebeldes fueran entregados a sus familiares y sepultados.
“Pretendieron que los masacrados fueran cremados, lo que nos obligó a permanecer en la morgue de Bello Monte”. Las evidencias señalan que los rebeldes fueron ajusticiados, al confirmar versiones de que presentaron balazos en la cabeza, indicó en conferencia de prensa.
“Todos tienes disparos en la cabeza, lo dice el acta. Al haber un patrón se habla de un ajusticiamiento. Seis varones aparecen en las actas de defunción con causa de muerte por disparo en la cabeza, en algunos casos dice múltiple y en otros único, esto habla de un patrón de conducta”, aseveró.
Los siete rebeldes, incluyendo una mujer, murieron en una controversial operación de comandos militares hace una semana, en la que atacaron con armas antitanques al grupo alzado contra el Gobierno, que estaba refugiado en una casa en la localidad de El Junquito, a unos 20 kilómetros de Caracas.
El asalto fue ejecutado a pesar de que Pérez había enviado mensajes grabados pidiendo rendirse. El expolicía se había rebelado contra el gobierno el año pasado, cuando secuestró un helicóptero y atacó centros del poder en Caracas.
Solórzano señaló que los cuerpos de los rebeldes fueron trasladados al Cementerio del Este de Caracas, les hicieron firmar a los familiares que los recibieron y “no los entregaron como se debe sino que los llevaron directamente a cementerio”.
Pérez fue enterrado el domingo, un día después de que fueran sepultados José Díaz y Abraham Agostini, en el mismo panteón.
“Fueron sepultados sin autorización. Óscar Pérez fue sepultado en presencia de una tía y una prima, el Cementerio del Este fue cerrado mientras se cumplía la inhumación, y luego lo abrieron. Se colocó en la tumba una especie de alfombra de grama”, explicó.
“Los cuerpos de los masacrados fueron secuestrados por el gobierno, quien dispuso enterrarlos donde quiso y no donde deseaban los familiares. Los familiares identificaron los cuerpos antes del sepelio y durante los actos de entierro", agregó.
Solórzano dijo que el chalet donde estaban atrincherados los rebeldes fue destruido después de la operación, impidiendo resguardar las evidencias criminalísticas.
“Se tiene que resguardar el lugar donde ocurren los hechos punibles y que se desaparezcan o alteren evidencias. El lugar del suceso, en el El Junquito, fue completamente destruido. Eso es un delito", señaló.
La legisladora dijo que por existir presunción de inociencia no se puede calificar a los rebeldes de terroristas, como hizo el gobierno. “En Venezuela existe la presunción de inocencia, aquí no hay terroristas porque a todos los mataron, debieron ser sometidos a la justicia, no que los asesinaran”.
Refirió que una de las víctimas mortales de la operación, que no figuró en la lista oficiales de bajas, un total de nueve, era el líder de unos de los colectivos que dicen defender la revolución bolivariana y a la vez agente de policía.
“Uno de los ciudadanos muerto en la masare de El Junquito portaba doble identidad, una por cuerpo policial y otra por colectivo armado”, abundó.
Denunció que los familiares y amigos de los rebeldes han recibido amenazas, además de detenciones y torturas, lo que constituye una gravísima violación de los derechos humanos.
Solórzano también criticó tanto el silencio sobre el caso que ha mantenido el fiscal general interino, Tarek William Saab, como la negativa de los ministros citados para comparecer ante el comité investigador de la Asamblea.
Fuente:Notimex/Foto:Archivo/JAC
