Luego de la denuncia que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), interpuso en contra de cinco municipios por daño patrimonial por 108 millones de pesos de la cuenta pública 2016, el diputado local con la comisión de Vigilancia, Juan Manuel de Unanue, dijo que las consecuencias son para los exfuncionarios públicos.
“Los que tienen que solventar en su momento y tienen que estar pendientes del trabajo que lleve a cabo la Fiscalía son exservidores públicos”.
En ese contexto los que tienen que tienen que responder no sólo son exalcaldes, sino los ediles que tuvieron responsabilidad en el tema.
“Quiere decir esto que los exservidores públicos municipales no nada más hablando de expresidentes municipales, sino los exservidores públicos que estaban en aquel entonces en el servicio público municipal que tengan que ver con estas observaciones, la Fiscalía General del Estado hará la investigación propia y conducente para determinar responsabilidades”.
Comentó que las afectaciones al municipio son porque no se realizaron las obras con el dinero para lo que estaba destinado.
Los ayuntamientos no pudieron comprobar el gasto pero tampoco regresaron el recurso que les fue asignado.
“Quedaron cinco ayuntamientos los cuales no pudieron ni reintegrar el recurso, ni solventar con documentación, y bueno estos son Acultzingo, Coacoatzintla, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal y San Andrés Tuxtla, haciendo un total de más de 108 millones de pesos que no pudieron solventar”.
Los ayuntamientos tuvieron observaciones técnicas y financieras, las técnicas son “referente a lo que es la obra pública municipal y financiera es en cuanto hace a la tesorería municipal, no pudieron solventar, no reintegraron tampoco el recurso a la tesorería”.
Las denuncias las presentó la autoridad jurídica del Orfis ante la Fiscalía General del Estado.
