El Gobierno federal levantó la prohibición de permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país, los cuales concentran 55 por ciento de lagos y ríos, con esto el líquido podrá ser concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos.
Dicha medida favorece el uso doméstico y público urbano del agua para que gobiernos locales, que concesionan el servicio de agua potable lo cedan a las empresas privadas, como ocurre en Veracruz, Puebla, Saltillo y otros municipios.
Con esto se podrá despojar del vital líquido a las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y para que mediante agresivos proyectos de "desarrollo", se les expropie para llevarlo a grandes áreas urbanas.
Las vedas que recién se levantaron se ubican en zonas donde está prevista la actividad energética, como en la cuenca San Fernando Soto La Marina, en Tamaulipas y Nuevo León. Sumado a ello, los decretos desconocen las garantías de los pueblos indígenas.
Fuente:LaJornada/Agencias/eap/foto:Archivo
