Investigaciones deben tener el respaldo de la UV: Rosío Córdova

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Xalapa, Ver.- Rocío Córdova Plaza, Investigadora de la Universidad Veracruzana (UV) quien fue citada por la Fiscalía General del Estado por su declaración sobre los secuestros y levantones entre la comunidad universitaria, afirmó las investigaciones que se realizan con todo el rigor académico deben contar con el aval de la universidad, porque significa que el trabajo que hacemos no puede ser ignorado por el lugar que me contrató para hacer investigaciones, dijo.

Señaló que desde enero la Secretaria Académica de la UV tenía los resultados del proyecto de investigación, por lo que es incongruente que no se reconozca los resultados de la investigación.

 Al referirse a la actitud asumida por la rectora Sara Ladrón, quien se deslindó de la investigación, reconoció que ella no puede tener conocimiento de todo lo que hace la comunidad académica, pues es mucho el trabajo científico que se está realizando, “y ella es Antropóloga”.

Comentó que luego de los hechos la comunidad universitaria deberá opinar si Sara Ladrón debe permanecer al frente de la Rectoría, sobre después de que violentó la autonomía de la UV ya que elementos de la Policía Ministerial que le entregaron el citatorio, ingresaron a las instalaciones de la máxima casa de estudios.

 Se dijo confiada que con su comparecencia ante la Fiscalía General del Estado se cerrará la carpeta de investigación que se abrió, luego de su declaración sobre los secuestros y levantones entre la comunidad universitaria.

En entrevista, al concluir su declaración ante unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General, aseguró que ella no puede aportar más datos a la investigación toda vez que las encuestas, con las dio a conocer la cifra preliminar de 20 víctimas de la delincuencia organizada, son anónimas, por lo que no conocen a quienes las completaron.

Aclaró que en su conferencia ella detalló que 20 jóvenes respondieron que fueron levantados o secuestrados, pero al ser quienes completaron el cuestionario está claro que están con su familia.


La académica señaló que es delicado que con “una información distorsionada de medios” la autoridad pretenda llevar a declarar con un oficio perentorio, con la advertencia que de no acudir harían uso de la fuerza pública, lo considera amenazante.

Dijo que al hablar con el Fiscal General, Jorge Winckler, narró lo que sabe aunque le parece grave que haya sido violentada la autonomía universitaria porque quienes le entregaron el citatorio fueron policías ministeriales y requieren que las investigaciones que realizan con el rigor académico deben contar con el aval de la universidad.

“Requerimos justamente esto, las investigaciones que se realizan con todo el rigor académico en esta universidad, deben contar con el aval de la universidad porque esto significa entonces que lo que hacemos, el trabajo que realizamos, además una académica de mi jerarquía, no puede de pronto ser ignorado por el lugar en el que trabajo, el lugar que me contrató para hacer investigaciones”, dijo.

Aseguró que el trabajo se hizo con un premio que ganó el proyecto con el que iniciaron la investigación que es de largo aliento y en el que esperan obtener mucha información que señaló, es delicada, por lo tanto, dijo, es incoherente que una institución que le paga para hacer investigaciones, ahora se deslinde.

Descartó que el tema se haya politizado, pero considera que las autoridades entraron en pánico “porque además, no es verdad que yo dije que había 20 desaparecidos, ojo, porque quienes estuvieron ahí escucharon que lo que dije que había 20 personas que habían sido secuestradas, que habían sufrido secuestro exprés o habían sufrido levantón.

“Y dije y quizá desapariciones, pero dije ah no, porque entonces no podrían haberlo respondido porque no estaban desaparecidos, porque la encuesta se hace desde ego ¿y qué quiere decir ego?, que es la persona que está respondiendo la encuesta y eso quiere decir que la persona no está desaparecida”.

Recordó que los datos contenidos dentro de una estadística aplicada se hacen de manera anónima para garantizar a los encuestados que pueden brindar testimonio.

Por eso dijo que al ser cuestionada por el Fiscal General sobre si reconocía a las personas víctimas de delito, aseguró que no porque ella no había aplicado la encuesta, fue aplicada desde un equipo de investigación que además no tuvo contacto directo al momento del llenado del cuestionario.

El secuestro exprés es un delito que se ha generalizado a nivel nacional y no necesariamente es un delito directo en el que una persona haya sido afectada físicamente.

En ese sentido, resaltó son necesarios este tipo de trabajos de investigación que vienen a poner en panorámica la situación en el estado, desde la comunidad universitaria.

“No somos contadoras de delitos, hacemos diagnósticos sociales que en lo que se traduce es poder identificar los tipos de violencia que se viven de manera más frecuente en las regiones del estado”.

Aclaró que cuando se termine la investigación los datos serán públicos porque el recurso que se utiliza para este proyecto es público y es el de sus salarios y como científicos sociales deben ayudar a contribuir en el diseño de políticas públicas.

 

 

 

 

Fuente: AVC/cna 

Editor: Redacción xeu