El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos manifestó que “el reto más grande que nos depara el primer semestre del 2018 es el proceso electoral”, en un artículo difundido este lunes, en el cual señaló que en Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, se triangularon recursos federales para las precampañas priistas, con el posible silencio y complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Destacó: “En 2018 elegiremos a un nuevo Presidente de la República, a 128 senadores, a 500 diputados federales, y poco más de 3,000 autoridades locales. Estos comicios son un evento histórico. No solo se elegirá al poder ejecutivo federal, sino a ocho gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Quizá aún más importante que la cantidad de puestos públicos que serán elegidos, es el hecho de que por primera vez en la historia reciente de nuestro país, podrán ser reelectos alcaldes y diputados locales en algunas entidades, y elegiremos a los legisladores federales que podrán a su vez ser reelectos”.
Dijo que a pesar del enorme reto que enfrentamos, “en COPARMEX observamos con preocupación que muchos gobiernos, distintos partidos políticos, e incluso, en algunos casos, los mismos ciudadanos, estamos fallando en tener un comportamiento a la altura de este desafío histórico”.
Agregó que “la violación de la legislación electoral ha ido creciendo al punto en que es trastocada en forma sistemática. La simulación en el cumplimiento de las reglas del proceso electoral es la norma, más que la excepción, entre los partidos políticos. Cada día de “precampañas” que en realidad son campañas abiertas, es una muestra fehaciente de que se está burlando el espíritu de la legislación electoral, y con ello, debilitándose la legalidad, la transparencia y la civilidad de los comicios”.
Consideró que “en el caso de los partidos la Ley General en Materia de Delitos Electorales es clara en detallar obligaciones que los partidos han decidido violar. Los recursos que utilizan los partidos y candidatos deben provenir estrictamente de las fuentes permitidas por la ley. Sin embargo, existe evidencia de gastos de campaña millonarios que simplemente no cuadran con el nivel de gasto que debiera observarse. Más aún, se realizan transferencias de recursos en efectivo, no obstante que la ley es clara al señalar que cualquier donación solo puede hacerse a través del sistema bancario”.
Añadió: “Con estas y muchas otras violaciones, los topes máximos de campaña electoral parecen ser, de facto, el nivel mínimo de gasto de miles de candidatos a lo largo del territorio nacional. Ejemplos concretos de estas y otras violaciones son evidentes no solo en los partidos sino también en candidatos ciudadanos, gobiernos locales y federales, e incluso, entre los mismos empresarios”.
En lo que hace a las candidaturas independientes por violaciones a la ley, manifestó: “Sabemos que 28 aspirantes ciudadanos independientes a cargos de diputado federal podrían perder su registro por las irregularidades detectadas en las firmas que han recabado. Se detectaron 98 mil 500 casos de credenciales falsas, creadas explícitamente para proveer de las firmas que los aspirantes ciudadanos necesitan para volverse candidatos. Esto ya había sucedido durante la elección de la asamblea constituyente en la CDMX durante 2016, cuando se detectaron miles de firmas de personas ya fallecidas que supuestamente firmaron a favor de un representante independiente”.
Destacó que “en los Gobiernos la Ley General en Materia de Delitos electorales es clara en sancionar el desvío de los recursos y aportaciones económicas provenientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las entidades. Sin embargo, existe evidencia de que los gobiernos federal y estatales dedican recursos, personal e información de sus bases de datos para las precampañas”.
De acuerdo con testimonios de ex funcionarios de los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, dijo que “desde estas entidades se triangularon recursos federales para las precampañas priistas, con el posible silencio y complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ciudadanos y Empresarios, la legislación electoral es clara también en que el gasto de los partidos políticos deberá estar plenamente fiscalizado a lo largo de todo el proceso electoral”.
Aun así, manifestó, “sabemos que ciudadanos y empresarios proveen de apoyos ilegales a los candidatos. Es por demás desafortunado que quienes en otros momentos apelan al estricto apego al estado de derecho, en el proceso electoral encuentran formas de justificar sus abiertas violaciones a la ley. Ante las flagrantes violaciones a la ley electoral por parte de partidos, aspirantes a candidatos independientes, gobiernos e incluso ciudadanos, en COPARMEX nuestra exigencia es clara y contundente: en todos los partidos, en todos los niveles de gobierno y todas las áreas del país llamamos a que exista un inviolable y estricto apego a la ley en materia electoral”.
Consideró que “esto solo se logrará si cada una de las instituciones federales que conducen y evalúan el proceso electoral son incoercibles en la aplicación de la ley. La Procuraduría General de la República por conducto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales debe realizar en tiempo real un seguimiento jurídico puntual a todas las violaciones que se presenten”.
De otra forma, dijo “en la medida en que el fiscal electoral se evidencie como laxo, habrá incentivos de los partidos, coaliciones, gobierno, e incluso de la propia sociedad para vulnerar el proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral debe aplicar escrupulosamente, como árbitro de primera instancia, sanciones a cualquier violación electoral, sin partidismos o favoritismos de ningún tipo”.
Agregó que “el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe tener una conducta que promueva la madurez electoral. No deben de permitirse llegar a resoluciones que, con tal de no contradecir la ley electoral, atenten indirectamente contra la democracia. Un ejemplo tangible de una resolución antidemocrática es que ahora se permita a los partidos políticos utilizar los recursos que perciben por parte del Instituto Nacional Electoral para comprar dádivas en especie para sus seguidores. Tampoco debe aceptarse regulaciones que permitan limitar la libertad de los ciudadanos en los debates públicos”.
Mencionó que “los funcionarios públicos de todas las instituciones de gobierno deben de comprometerse con atender los reclamos pendientes del país, en vez de pretender, como muchos lo han hecho, que el gobierno ya está cerrado. Aquellos que dirigen programas, ansían y asignan inversiones y velan por carteras de gobierno deben de rehusarse a abandonarlas, y mucho menos si esto es en favor de organizar y participar en una elección que no está en su mandato directo”.
Fuente: Coparmex/doh/Foto: archivo
