La Coparmex reclamó hoy al presidente Enrique Peña Nieto, mediante un comunicado, que de los 266 compromisos que firmó ante Notario Público durante su campaña presidencial en 2012, sólo se ha cumplido un 40 por ciento, y que seis de cada 10 promesas de gestión no han sido honradas en los hechos.
A continuación el comunicado:
El pasado 1º de Diciembre, la Presidencia de la República convocó a Palacio Nacional a centenares de servidores públicos que trabajan en el Poder Ejecutivo Federal, y según trascendió en la información oficial, los conminó a cumplir con los programas de gobierno y las metas establecidas, antes de que concluya el período de gestión del Presidente de la República.
Aunque no trascendió cuales fueron los temas prioritarios que se encomendó a los funcionarios atender, es claro que a doce meses de que termine el sexenio, hay muchos y evidentes asuntos por concluir.
Para ilustrar lo anterior basta decir que permanecen inconclusas y en algunos casos desatendidas, las acciones necesarias para el cumplimiento de 106 de los 266 compromisos que el Presidente de la República firmó ante Notario Público durante la campaña presidencial de 2012.
Esto significa que solo se han cumplido el 40 por ciento de dichos compromisos, y que 6 de cada 10 promesas de gestión, no han sido honradas en los hechos.
Los pendientes van desde obras críticas de infraestructura o conectividad, hasta recuperar seguridad en ciudades víctimas de niveles sin precedentes de violencia.
Para ilustrar la magnitud del reto que tiene el Poder Ejecutivo para cumplir con los compromisos que formuló, puede señalarse que sería necesario concluir más de treinta proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, doce de la Secretaría de Educación Pública, y dieciséis en materia de Salud en los estados.
Desafortunadamente, hay signos de que las prioridades de una buena parte de la estructura y recursos del Poder Ejecutivo, se están enfocando a la atención de la coyuntura electoral, más que en robustecer las acciones y mejorar la eficiencia de gestión para cumplir con los compromisos, programas y metas de gobierno.
La Coparmex demanda que hasta el último día de su gestión, los funcionarios del Gobierno Federal, desde el Presidente de la República hasta los servidores públicos de menor jerarquía, cumplan a cabalidad con sus funciones.
Aspiramos a contar con funcionarios de tiempo completo, que dejen la política electoral a los partidos y candidatos, o en congruencia, dejen ya su encargo.
Sostenemos que sí hay tiempo y espacio de maniobra y recursos para que se atiendan con eficiencia y transparencia los programas de gobierno de cada dependencia, ordenadamente y hasta que concluya la administración.
Más allá de los compromisos que el propio Presidente de la República empeñó durante su campaña, en Coparmex estimamos que es necesario dar seguimiento y resolver los más importantes pendientes que están en el ámbito de las facultades del Poder Ejecutivo.
Los retos del Presidente frente a la nación se ubican en seis dimensiones críticas:
1.- economía.
2.- política hacendaria.
3.- política social.
4.- política de justicia y seguridad.
5.- combate a la corrupción.
6.- educación.
Primero.- En materia económica, el Ejecutivo debe presentar ya al Congreso de la Unión, la Iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria para el Fortalecimiento de la Competencia y la Competitividad.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, están en default constitucional, pues ya precluyó el plazo mandatado en la Constitución de la República para la promulgación de dicha ley.
En tanto, el Acuerdo Presidencial de desregulación “2 x 1” debe ser cumplido, porque parecería ser letra muerta.
Segundo.- En materia hacendaria, el Ejecutivo debe impulsar la creación de un Consejo Fiscal Independiente con mandato formal, para proporcionar una evaluación independiente y experta en materia tributaria, presupuestal y de responsabilidad hacendaria.
Así lo han recomendado a México los más importantes organismos financieros internacionales, y ello, ayudaría a dar certidumbre en el largo plazo, a la estabilidad macroeconómica del país.
Los desafíos emergentes derivados de la inminente reforma tributaria en los Estados Unidos, hacen ya impostergable la discusión de una reforma hacendaria de fondo en México, que por un lado reparé algunos de los efectos nocivos de la reforma fiscal de 2014, y recupere la competitividad internacional del sistema impositivo nacional.
La reforma fiscal para #Fortalecer a México, debe contener una reducción del Impuesto sobre la Renta a cargo de las empresas, mediante la reducción gradual de un punto porcentual por año de este impuesto, alcanzando el nivel promedio de los países de la OCDE, que es del 24.66 por ciento.
Para fortalecer las clases medias y sus niveles de bienestar, es trascendental reducir el ISR para quienes perciben ingresos menores a 10 mil pesos, y restablecer la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, para que más y más empresas puedan conferirlas en forma creciente a sus trabajadores.
No deben seguirse posponiendo decisiones para ampliar la base de contribuyentes mediante un IVA más amplio, complementado con estrategias compensatorias para los hogares de menores ingresos.
Tercero.- En materia de política social es imperante conformar el Padrón Único de Programas Sociales, y en paralelo, construir un Registro Nacional de Beneficiarios de Programas Sociales basado en una Cédula de Identificación Personal.
Estas herramientas, permitirán realizar una profunda reingeniería de los programas sociales.
Los niveles de pobreza y desigualdad así lo exigen. Es impostergable alinear objetivos, eliminar la duplicidad y recurrencia de programas, a fin de lograr una mejor focalización de los recursos públicos.
Debe evitarse toda acción que pudiera traducirse en la utilización ilegítima de los programas, recursos e información de la Secretaría de Desarrollo Social, como herramientas electorales de generación de votos clientelares.
Cuarto.- En materia de seguridad y procuración de justicia, debe reconocerse que México atraviesa hoy, por el período más violento del que se tenga registro en los últimos veinte años.
Atacar este problema en forma estratégica, requiere reestructurar la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para descentralizarla y proveerle de mayores facultades operativas.
Se deben impulsar planes emergentes de seguridad que contemplen diagnósticos y metas basadas en indicadores públicos, que comprometan la reducción de los principales delitos que laceran a la sociedad, y a las autoridades, que informen pública y periódicamente del seguimiento de las investigaciones para sancionar los delitos en materia de Derechos Humanos, asesinatos de periodistas y delitos electorales.
En procuración de justicia, el país debe evolucionar para contar con las Fiscalía General de la República, que sea verdaderamente autónoma, eficaz, con controles democráticos en su gobernanza y respetuosa de los derechos humanos. En esta tarea, la participación política del Presidente de la República, respaldando el dictamen ciudadano por una #Fiscalía que Sirva, es fundamental.
Quinto.- En materia de combate a la corrupción, es también fundamental que se coadyuve es un real facultamiento del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y su fortalecimiento con el suministro de los recursos financieros, materiales y humanos indispensables para su fundación.
El Ejecutivo Federal no debe dejar el cargo sin antes promover una nueva generación de reformas que refuercen la lucha anticorrupción.
Por otro lado, emplazamos a que se presenten sin demora, las iniciativas de Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública, así como para que se proceda a la revisión a fondo del esquema, y con ello acotar la impunidad.
Sexto.- En materia educativa, es necesario dar a conocer los avances que se han tenido cada una de las entidades federativas en materia de evaluación de alumnos y docentes, y trasparentar el avance del Sistema de Información y Gestión Educativa, pieza fundamental para que sea viable la autonomía curricular, uno de los elementos más importantes en el nuevo modelo educativo.
No es aceptable que México ocupe el lugar 117 de 138 países en cuanto a la enseñanza de Matemáticas y Ciencias en universidades.
Fuente: Coparmex/doh/Foto: archivo
