El colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ratificó hoy su empeño por la transparencia en la gestión pública y la adopción de acciones para evitar el resurgimiento de las estructuras del crimen organizado.
En un acto en la sede del Ministerio Público (MP), con la ausencia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, investigado por un delito electoral, Velásquez presentó el informe anual de labores de la CICIG, dependencia de las Naciones Unidas instalada en el país desde 2007.
El titular de la CICIG dijo que de acuerdo con el mandato de la entidad, han recomendado una serie de reformas jurídicas y políticas públicas “para prevenir la reaparición de estructuras criminales”, y destacó la participación ciudadana en las labores por la transparencia de la gestión pública.
Aseveró que la lucha contra la corrupción “no tiene ideología, ni dueño” e instó a la población a mantenerse vigilante para evitar que funcionarios, políticos y empresarios deshonestos continúen sus prácticas nefastas que perjudican al país.
La fiscal general Thelma Aldana reconoció en su intervención el aporte de la CICIG para hacer “más fuerte al MP y mejorar la persecución penal en Guatemala, así como en la transformación del sistema judicial, un reto en el que se sigue trabajando.
La jefa del MP resaltó el traslado progresivo a esta institución de las capacidades de la CICIG, con sus investigadores de primer nivel y un presupuesto cubierto por la cooperación internacional “de los países amigos de Guatemala”.
En este sentido, Velásquez expuso que junto con el MP, y luego de diez años de trabajo, la CICIG buscará intensificar las gestiones para lograr la modernización del Estado y el fortalecimiento institucional.
En el décimo informe de labores resaltaron los resultados de las investigaciones del financiamiento electoral ilícito del pasado proceso, efectuado en 2015.
La misión de las Naciones Unidas y el MP dieron a conocer el mes pasado resultados preliminares de la investigación integral sobre el financiamiento de las campañas políticas de los partidos que disputaron los pasados comicios.
Como parte de esta investigación, se solicitó el retiro de la inmunidad del presidente Morales, que negaron los diputados afines al gobierno, para avanzar en las pesquisas relacionadas con el delito electoral presuntamente cometido por Morales cuando fungía como secretario general del ahora partido oficial.
El informe también detalla el caso de Alejandro Sinibaldi, exministro prófugo de Comunicaciones del gobierno del período 2012-2015, encabezados por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, en prisión provisional por varios procesos por corrupción.
Por la investigación contra Sinibaldi, a cargo del MP de la mano de la CICIG, 28 ex servidores públicos y empresarios fueron ligados a proceso.
Por el pedido de antejuicio en su contra, el presidente Morales declaró el pasado 27 de agosto no grato a Velásquez y ordenó su inmediata expulsión del país, pero la decisión presidencial fue suspendida por una resolución del máximo tribunal guatemalteco.
El alcalde de la ciudad de Guatemala, Alvaro Arzú, quien gobernó el país entre 1996 y 2000, también es investigado por financiamiento electoral ilícito y peculado en los pasados comicios generales.
Arzú acusó a la CICIG de promover el antejuicio en su contra por evitar “un golpe de Estado” contra del actual mandatario, mientras que Baldetti dijo la víspera en una comparecencia ante tribunales que fue víctima de "un golpe de Estado" orquestado por la CICIG y el MP.
Fuente y Foto:Notimex/JAC
