El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, decidirá este miércoles si aplica o no el artículo 155 constitucional, o alguna otra medida, para controlar a la región autónoma de Cataluña, en el noreste de España, inmersa en un proceso unilateral de independencia.
La aplicación de este precepto sería posible una vez que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró la independencia, aunque de inmediato la dejó en suspenso, en espera para abrir un diálogo con el gobierno español para solucionar la crisis política entre ambos.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, informó que este viernes Rajoy presidirá una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para analizar los pasos a dar tras el anuncio de Puigdemont.
El mandatario se reunió este martes con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y habló también con el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre lo que ocurrió en el Parlamento catalán.
En caso de que opte por aplicar el artículo 155 constitucional, la medida deberá ser probada en los próximos días por el Senado de España, donde el gobernante Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta.
La disposición, que nunca ha sido utilizada y carece de una ley que regule su aplicación, se refiere a las medidas a tomar en el supuesto de que una comunidad autónoma incumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen, o si actúa de forma que atente gravemente contra el interés general de España.
La medida establece que el gobierno, con la aprobación del Senado, “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla (comunidad) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
“Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”, según el segundo párrafo del artículo.
Rajoy debe presentar una propuesta con medidas a aplicar, que no desglosa el artículo, e informar a Puigdemont sobre ello y pedirle sus alegaciones, por lo que después la cámara alta sometería a votación la iniciativa.
Entre las medidas que se podrían plantear están las de gestionar desde Madrid el funcionamiento de áreas administrativas, las finanzas y hasta podría decidir la destitución del presidente y otros cargos, o la disolución de algunas áreas específicas.
La disposición constitucional no precisa sobre un tiempo determinado de aplicación, lo que abre la puerta a que las medidas tengan un periodo de validez que decida el propio gobierno.
La Ley de Seguridad Nacional ofrece al gobierno español otra posibilidad de intervenir en el gobierno catalán, al declarar una crisis en la que podría intervenir mediante los cuerpos de policía y las diferentes administraciones.
Fuente: Notimex/pmc
