En las últimas horas un nuevo caso de presunto "espionaje" explotó para el gobierno central de la Iglesia católica, toda vez que hoy el Vaticano acusó a su exrevisor general de cuentas, Libero Milone, de haber contratado una empresa externa para indagar a funcionarios de la Curia Romana.
El caso salió a la luz luego que Milone concedió una entrevista a varios medios en la cual denunció una operación en su contra y que fue obligado a renunciar a su puesto por "el viejo poder" que se opone a las reformas financieras en la Santa Sede.
“Querían arrestarme y por eso firmé mi renuncia”, señaló el hombre, de reconocida trayectoria en el mundo de las finanzas. El 5 de junio de 2015 se convirtió en el primer revisor general del Vaticano, un puesto creado especialmente, de tal importancia que depende y reporta directamente al Papa.
Entre sus tareas destaca la de verificar procesos económicos y financieros, asegurar la eficacia de los procedimientos administrativos y examinar la conveniencia sobre el uso de los recursos.
Pese a que el nombramiento consideraba una extensión de cinco años, Milone sólo cumplió dos y el 20 de junio pasado, la sala de prensa vaticana anunció su imprevista renuncia. Nadie se lo esperaba, apenas cuatro días antes él había disertado en un congreso vaticano sobre corrupción.
A tres meses de esa renuncia, el exrevisor dio su versión a la prensa. Contó que el sustituto de la Secretaría de Estado vaticana, Angelo Becciu, le dijo que su “relación de confianza con el Papa se había deteriorado” y que, por ello, el pontífice solicitaba su dimisión.
Aseguró que no pidió explicaciones, pero los motivos que le dio Becciu le parecieron “increíbles”. “Respondí que las acusaciones eran falsas y construidas para engañar sea a él que a Francisco; y que, por lo tanto, iba a hablar con el Papa. Pero la respuesta fue que no era posible. Becciu, al contrario, me dijo que fuera a la Gendarmería (Vaticana)”, siguió.
Más adelante, el exrevisor denunció haber sido tratado con un “comportamiento agresivo” por parte del comandante de la Gendarmería, Domenico Giani, quien le exigió gritando que “debía confesar todo”. “¿Pero confesar qué? Si no había hecho nada”, insistió.
Además, describió que ese mismo día los gendarmes lo llevaron a su oficina y bloquearon a todos sus colaboradores dentro hasta las 8:30 de la noche; les intimaron a entregar todos los documentos y, como un funcionario no estaba presente, llamaron a los bomberos para forzar su armario y su escritorio.
Luego le mostraron dos facturas de un mismo proveedor y lo acusaron de distracción de fondos, es decir de peculado. Él respondió que una era falsa.
Eran 28 mil euros pagados para limpiar oficinas de eventuales micrófonos. Y señaló que, con esa prueba, lo acusaron de haber “buscado inapropiadamente” información sobre exponentes vaticanos. “Descubrí que me investigaban desde hace más de siete meses”, confió.
“Como sostenía mi inocencia, Giani me dijo que, o confesaba, o corría el riesgo de pasar la noche en la Gendarmería. Si el objetivo de ustedes es que renuncie, renuncio. Voy a preparar la carta, dije. Respondieron que ya estaba lista”, siguió.
Luego aseguró haber intentado contactar con el Papa y de haberle escrito una carta enviada “por canal seguro”, a la cual nunca recibió respuesta. De todas maneras, no se refirió a él en términos negativos.
“Creo que el Papa es una gran persona, y había iniciado con las mejores intenciones. Pero temo que ha sido bloqueado por el viejo poder que ahí está y que se sintió amenazado cuando entendió que podía referirle al Papa lo que había visto en las cuentas”, dijo.
“Cuando se sepa la verdad, será claro que soy inocente al mil por ciento. Es más, no quiero ni siquiera decir inocente, porque no me debo disculpar. Se verá sólo que hice mi trabajo”, insistió.
La réplica vaticana a estas declaraciones fue inmediata. Una nota oficial, difundida por la sala de prensa de la Santa Sede, las lamentó mostrando “sorpresa”. Destacó que, con ellas, el exrevisor “dejó de cumplir el acuerdo de tener reservados los motivos de la dimisión de su puesto”.
Denunció que, “por desgracia”, Milone se “extralimitó en sus competencias” y “encargó ilegalmente a una empresa externa desarrollar actividades investigativas sobre su vida privada y la de exponentes de la Santa Sede”.
“Esto, además de constituir un delito, ha irremediablemente deteriorado la confianza sostenida en el doctor Milone el cual, puesto ante los hechos, aceptó libremente presentar su dimisión. Se asegura, finalmente, que las investigaciones fueron conducidas con todo escrúpulo y en el respeto de la persona”, sentenció.
