La crisis política desatada en Brasil, que no cesa de crecer con nuevas revelaciones, podría provocar la caída del presidente Michel Temer por tres formas: juicio político, renuncia o anulación del mandato.
Aunque ayer Temer rechazó enfáticamente que vaya a dimitir, los desdoblamientos de la ‘crisis JBS’, en referencia a las confesiones y grabaciones de Joesley Batista, dueño de JBS, la mayor empresa de carne del mundo, no cesan de aumentar la presión sobre el presidente, supuestamente en el centro de varias tramas.
La Fiscalía general de la República pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura de una investigación contra Temer por corrupción, organización criminal y obstrucción a la Justicia, según revelaron hoy documentos.
El Ministerio Público acusa a Temer nada menos que de querer obstruir la Operación Lava Jato durante el ejercicio de su mandato presidencial, pues el jefe del Estado no puede ser procesado por crímenes anteriores por causa de la inmunidad presidencial.
La investigación se sustenta en las revelaciones de Batista, que incluso llegó a grabar secretamente a Temer durante una embarazosa conversación entre los dos en marzo de este año en la residencia oficial del mandatario.
En ella, Temer apoya la compra del silencio del ex diputado y ex presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, condenado a 15 años de cárcel por corrupción, y escucha con atención al plan ilícito de Batista para comprar a jueces, fiscales, diputados y políticos.
Además, en su acuerdo de cooperación con la Justicia, Batista aseguró que en la campaña presidencial de 2014 pagó 15 millones de reales (unos tres millones de dólares) a Temer de forma ilícita.
JBS fue el mayor donante en las elecciones de 2014, con más de 350 millones de reales donados oficialmente, pero documentos desclasificados hoy por el Supremo indican que pagó otros 400 millones de forma ilegal y sin registros contables (el total se eleva a 250 millones de dólares).
Ello a cambio de que ministros, diputados, senadores y otros altos cargos prestaran favores políticos -como leyes o enmiendas parlamentarias- a la empresa, que vivió en la última década una expansión acelerada gracias al uso de créditos blandos del banco de desarrollo brasileño (BNDES).
En ese escenario, tres son las posibilidades que podrían provocar la salida de Temer del Gobierno.
La primera es la renuncia, por lo que se celebraría en Brasil elecciones, en principio indirectas y en un plazo de 30 días, por medio de la Cámara Baja, que tendría que elegir a un mandatario para conducir al país hasta los comicios de 2018.
Sin embargo, algunos partidos –como el Partido de los Trabajadores de Luiz Inacio Lula da Silva- articulan para aprobar una ley que permita elecciones directas en 90 días.
Otro escenario es el del juicio político, como ya sucedió en mayo con Dilma Rousseff, cuando fue apartada temporalmente del poder y, en agosto, destituida por votación parlamentaria.
En las últimas 48 horas fueron presentados al menos 12 pedidos para abrir un ‘impeachment’ (destitución) a Temer.
Pero analistas estiman que esta opción tiene pocas opciones de prosperar, por ser el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, quien decide si tramita o no los pedidos, un fiel aliado del mandatario y él mismo un investigado por corrupción.
Otra posibilidad que gana fuerza es la anulación del mandato de Temer por vía Tribunal Superior Electoral (TSE).
El TSE investiga desde octubre de 2015 si se usó dinero ilícito procedente de la corrupción destapada por la Operación Lava Jato para sufragar gastos de la campaña presidencial conjunta de Rousseff y Temer, entonces su vicepresidente.
El juicio se encuentra en su fase final y, tras ser aplazado en abril para reunir más pruebas, fue marcada la próxima audiencia para el 6 de junio.
El sumario está bajo secreto de la Justicia, pero algunas filtraciones señalan que tanto el juez instructor del caso como el fiscal electoral recomendaron la anulación del mandato de Temer y la inhabilitación política de Rousseff por ocho años.
Si la mayoría de los siete jueces del TSE votan a favor de la anulación del mandato, Temer perdería la presidencia, y la Cámara Baja elegiría en comicios –por definir si directos o indirectos- un nuevo presidente que hasta las elecciones generales de 2018.
No existe un plazo previsto para emitir un veredicto al respecto, pero algunos expertos señalan que las revelaciones de esta semana pueden suponer un asunto definitivo para anular el mandato de Temer.
Fuente: Notimex/cna
