La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió armonizar las leyes en el país para que las comunidades indígenas sean consultadas ante la puesta en marcha de proyectos productivos y económicos, a fin de que conozcan las implicaciones de los mismos.
Advirtió que la ausencia de un marco legislativo adecuado y la frecuente prevalencia de intereses económicos son algunas de las causas de la transgresión del derecho a la consulta previa a los pueblos originarios.
Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la CNDH, subrayó la necesidad de armonizar el orden jurídico mexicano con los diversos estándares internacionales en la materia.
Ello para garantizar en todo el país el acceso de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa e informada, pues actualmente sólo 25 entidades del país reconocen ese derecho en sus respectivas legislaciones y sólo Durango y San Luis Potosí tienen una ley específica en la materia.
Precisó que ante la puesta en marcha de proyectos productivos y económicos en comunidades indígenas, así como en el caso de modificaciones normativas o de políticas públicas que les afecten, es indispensable consultar de manera previa a los pueblos y comunidades.
Lo anterior, detalló, para informarles sobre las implicaciones de los mismos y de esta manera evitar que se vulneren sus derechos fundamentales.
En el acto, realizado en el Auditorio “Jesús Reyes Heroles” de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que las empresas que inician proyectos extractivos, de explotación y desarrollo en comunidades indígenas deben respetar sus usos y costumbres.
Del mismo modo, garantizar que quienes participen en ellas lo hagan de forma libre, informada, incluso con la participación de intérpretes, y en este sentido subrayó que es obligación del Estado supervisar que esto se cumpla a cabalidad.
Recordó que, el año pasado, la CNDH emitió la Recomendación General 27 “Sobre el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana”.
Ahí enfatizó la necesidad de contar con un ordenamiento específico que regule adecuadamente el proceso de consulta a ese sector, el cual representa el 21.50 por ciento de los más de 119 millones de habitantes del país.
Aguilar León consideró importante trabajar en la capacitación de servidores públicos de los tres niveles de gobierno y fomentar la responsabilidad de las empresas privadas, para que las consultas que se realicen a las comunidades indígenas se lleven a cabo conforme a lo que establece la normatividad.
Ello para evitar que se violen otras prerrogativas, como el derecho a propiedad ancestral, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo sustentable y a la identidad cultural, concluyó.
Fuente: Notimex / Foto: Notimex / JAC
