Autoridades federales se sumaron a las voces de condena por la reciente resolución dictada al caso de la menor agredida por cuatro jóvenes en Boca del Río, Veracruz, y señalaron que el ejercicio real de los derechos no puede tolerar la violencia de género y la discriminación.
De igual forma, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) manifestaron su preocupación por la hija del señor Javier Arturo Fernández.
Señalaron que en el fallo del juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con pleno respeto del arbitrio jurisdiccional, se califique a las mujeres como víctimas de violencia sexual en función de la interpretación de supuestas intenciones -que deben entenderse como presumidas de los hechos mismos-.
Además de imponerles cargas que se hace depender su carácter de víctimas y de presumir su consentimiento sin entender la naturaleza del caso o la vulnerabilidad en que se encuentran.
Resaltaron que la violencia sexual es una de las formas de violencia más reprobables y ultrajantes, al denigrar a las niñas, adolescentes y mujeres porque son concebidas como objeto y, por tanto, al vulnerar su libertad, dignidad e integridad física.
Apuntaron que este tipo de violencia tiene además las peores y más severas consecuencias, como lesiones físicas, traumas psicológicos, el posible contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Por ello y ante la visibilización que ha recibido este caso, aseguraron que el mayor riesgo es la normalización en el entorno social del abuso y la violencia que se ejerce en contra de mujeres y niñas en México.
En función de ello, las organismos hicieron énfasis en que las autoridades del orden local y federal sienten con éste un precedente paradigmático para la atención, investigación, juzgamiento y sanción de casos de violencia sexual cometidos en contra de mujeres y niñas.
Para el caso ocurrido en Veracruz, llamaron a conducir con eficacia el proceso penal a la luz de lo señalado por el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, a fin de procesar de forma adecuada y, eventualmente, sancionar a los responsables y reparar el daño a la víctima y su familia.
Consideraron que este caso brinda una oportunidad muy importante para que el Poder Judicial Federal siente criterios sobre los elementos objetivos y subjetivos de los delitos de pederastia, abuso y violación sexual que permitirían tener lineamientos más claros para los jueces locales y federales, evitando así casos de impunidad.
