Jalcomulco, Ver.- La defensa jurídica contra Odebrecht quien en 2013 firmó un convenio con el gobierno del estado para la construcción de una presa y una hidroeléctrica en el río Jalcomulco, no sido compleja, porque la empresa no tiene un domicilio fiscal para recibir notificaciones.
Alejandro Gallardo, integrante del colectivo de Pueblos Unidos por los ríos libres, dijo que la defensa jurídica va en el sentido de no permitir violentar la veda de construcción y hacer uso de su derecho a la consulta pública, sin embargo no ha podido notificar a la empresa porque no tiene un domicilio fijo.
Adelantó que han buscado a los nuevos legisladores del Congreso Local para que aclare los contratos que el gobierno de Javier Duarte realizó con la empresa Odebrecht por 350 millones de pesos, pues se desconoce el contenido del contrato y el destino de los recursos.
Señaló que han solicitado una audiencia con el gobernador del estado, Miguel Angel Yunes Linares para conocer su postura sobre este contrato, pues a la fecha no hay autoridades que se hayan pronunciado sobre el tema.
A su consideración se vive una tensa calma en el tema, pero hay riesgo de que en cualquier momento el megaproyecto sea activado, pues existe un contrato vigente.
A través del colectivo se buscan también otros mecanismos de lucha para defender la cuenca del río antigua, y tiene que ver con la solicitud de declararla área natural protegida o patrimonio, aunque advirtió que esto tampoco es una garantía.
Fuente: AVC/pmc
